EL RESCATE DE PLUS ULTRA

 Día sí y día no aparecen en la prensa titulares  con nuevos casos de corrupción  relacionados con el gobierno español de Pedro Sánchez y con el Partido Socialista Obrero Español. 

En la actualidad   la justicia española tiene sobre la mesa los siguientes casos de corrupción que salpican al gobierno de España.  Algunos de ellos  se encuentran  en fase de instrucción,  otros  pendientes de ser juzgados,  otros próximos de  celebrar juicio:  -  Hidrocarburos (fraude en la obtención de licencias y la distribución de combustible en España), - Begoña Gómez   (uso de la influencia de la esposa del presidente del Gobierno para hacer negocios privados), - David Sánchez  (enchufe del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz), Transportes (amaño de contratos de obra publica en el Ministerio de Transportes), -  Financiación del PSOE (sobre ingresos y pagos en el PSOE  y el uso de dinero en efectivo),  - Plus Ultra (tráfico de influencias, cobro de comisiones y blanqueo de capitales), - Cloacas (sobre la creación de una cloaca en el PSOE para dificultar la investigación de casos de corrupción del PSOE o el Gobierno).

LA TRAMA "PLUS ULTRA"

En marzo del 2021 mientras los ciudadanos españoles estábamos preocupados por nuestra  salud y la de nuestros familiares,  con la atención puesta en  el sufrimiento provocado por el COVID 19,  el Gobierno de España con el aval del Consejo de Ministros aprobó un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea PLUS ULTRA, provocando la sospecha de que dicha ayuda pública no estaba justificada.

De la investigación policial se desprende que el presunto "líder" de la trama sería el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Por primera vez en la historia de nuestro país una investigación judicial mantiene imputado a un ex presidente del gobierno. La Audiencia Nacional investiga si José Luis Rodríguez Zapatero utilizó su influencia sobre algunos de los miembros del Gobierno para acelerar la operación del rescate de la compañía aérea.

Según informes policiales de  la Unidad  de la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), para la concesión de 53 millones de euros por parte de la SEPI (Sociedad Estatal Participación Industrial), se hizo necesario el concurso de asesores externos que debían elaborar informes jurídicos y financieros para tramitar el expediente. Estos informes fueron emitidos por Daiwa Corporate Advisor Deloitte, la Agencia Estatal Seguridad Aérea y la Dirección General de la Aviación Civil(DGAC).  De la investigación policial surgen  incongruencias detectadas  en la información utilizada para justificar la solvencia y el carácter estratégico de dicha compañía. La DGAC presentó un informe en  fecha 18.02.21 firmado por su director general Raúl Medina, dónde se establecía que la flota de la aerolínea estaba compuesta por cuatro aeronaves. Dicho informe fue incorporado a la propuesta elevada al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo  a la Solvencia de Empresas Estratégicas y formó parte del expediente que avaló la concesión del rescate de la aerolínea. Por su parte Daiwa Corporate Advisor Deloitte y la Agencia Estatal Seguridad Aéra en su informe indicaron que la flota contaba solo con tres aviones.

 La composición de la flota era un elemento clave para la ayuda porque el Ejecutivo español justificó la ayuda alegando la importancia estratégica de Plus Ultra para la conexión aérea entre España y Sud América.  La Administración utilizó oficialmente la cifra de cuatro aviones pero meses más tarde después del rescate durante el año 2021, se constató de que  la aerolínea llegó a operar con una sola aeronave. Se debe tener en cuenta de que la empresa ya estaba en crisis antes del COVID, llevaba teniendo pérdidas más de nueve años, y que presentó un certificado que avalaba las deudas con la Seguridad Social cuando en realidad  el ministro José Luis Escriba hizo desaparecer dichas deudas aplazando el pago.

Pedro Martín Molina, perito judicial independiente que en 2021 evaluó las cuentas de la aerolínea por encargo de la jueza que llevaba el procedimiento judicial, insistió ante el Senado en su declaración que las cuentas de esa empresa "se maquillaron". El perito recordó que se detectó "que salía dinero a una empresa que no figuraba como proveedora ni era habitual a una cuenta en un paraíso fiscal".

Tras aprobarse el rescate de 53 millones de euros por parte de la SEPI Plus Ultra desvió 16 millones de euros de sus cuentas hacia sociedades instrumentales de una organización dedicada al blanqueo de capitales. Según publicó el diario ABC Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Manuel Castells, todos ellos ministros de Unidas Podemos en el Gobierno de España, el 09.03.2021 avalaron la decisión de rescatar a Plus Ultra a sabiendas de las irregularidades en que se incurría. 

La empresa no cumplía con todos los requisitos para ser rescatada, no contaba con  un volumen especialmente relevante,  además de tener deudas con la Seguridad Social, nunca había tenido beneficios y  llevaba nueve años con números rojos. Cinco años después  Plus Ultra no ha devuelto ni un solo euro de su rescate y ya ha negociado un nuevo calendario de pagos, sólo repuso 12 millones en concepto de intereses.

Rodríguez Zapatero consiguió que Delcy Rodríguez reactivase los vuelos de Plus Ultra como exigía el rescate, fueron autorizados seis vuelos entre Madrid y Caracas para que la aerolínea tuviera actividad  y pudiera ser rescatada. Según la UDEF Zapatero y sus hijas  fueron las principales beneficiarias en el rescate de la empresa de navegación aérea. 

La aprobación del rescate público a Plus Ultra así como el resto de deliberaciones del Consejo de Ministros son decisiones adoptadas por un órgano colegiado. La jurisprudencia y la doctrina del Derecho Administrativo español sostiene que cuando un acuerdo es aprobado de forma colectiva, todos los miembros que participaron en la deliberación y votación comparten la responsabilidad política, y en determinados supuestos también la eventual responsabilidad jurídica derivada de ese acto cuando se aprueba  por consenso o mayoría y genera una responsabilidad solidaria entre todos sus miembros. Si la investigación judicial concluyera que dicho rescate fue aprobado vulnerando legalmente o prescindiendo de controles esenciales el foco no recaería únicamente sobre quienes diseñaron la operación, sino también sobre quienes la validaron en el seno del Consejo de Ministros.

En abril de 2022 el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid archivó la causa que investigaba el rescate de la aerolínea con 53 millones de euros provenientes de ayudas públicas de acuerdo a una querella interpuesta por el Sindicato Manos Limpias, Partido Popular  y Vox contra Plus Ultra. En la resolución de archivo  se señaló que "no aparece debidamente justificada la comisión de un delito".

A la luz de los nuevos hechos que provienen de documentación recibida de  los  Tribunales de Suiza y Francia por presunto blanqueo de capitales dichas diligencias fueron reabiertas para entre otras cosas, poder  investigar el presunto transporte irregular de dinero y sustancias ilegales además de irregularidades en sus vuelos y desvío de fondos.

LA IMPORTANCIA DE PLUS ULTRA PARA EL GOBIERNO

Hay indicios de que dicha aeronave transportó dinero en efectivo e inmigrantes ilegales en su ruta Madrid - Malabo, una conexión aérea autorizada de manera acelerada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el verano del año 2021. Según documentos aportados por la policía al Juzgado que tramita la causa, detrás de esos vuelos operaba una compleja red dedicada al blanqueo de capitales y a la entrada irregular de ciudadanos extranjeros en España. Además de esta trama africana  se está investigando el origen de fondos supuestamente blanqueados que procedían de operaciones irregulares vinculadas a funcionarios venezolanos, flujos de dinero relacionados con los programas de alimentos del chavismo y con la venta de oro del Banco Central de Venezuela.

Hay abundante documentación policial donde se apunta a posible uso de maletas facturadas, en rutas de España a Guinea Ecuatorial, para introducir bultos al margen de pasajeros legítimos, eludiendo así los controles aduaneros para transportar dinero y sustancias estupefacientes. La Guardia Civil ha analizado sobrepesos en la aeronave y planes de vuelo presuntamente para eludir registros.

El pasado mes de diciembre fueron detenidos y puestos en libertad  provisional, el Presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, su consejero delegado Roberto Roselli y el empresario  Julio Martínez amigo personal y testaferro del ex presidente Rodríguez Zapatero. El empresario venezolano  Rodolfo Reyes antiguo dueño de Plus Ultra sigue en paradero desconocido y tiene una orden internacional de captura.

Por otra parte , investigaciones realizadas por la justicia francesa  vincularon a Rodolfo Reyes en un transporte de entre 5 y 8 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela a Dubai.

La justicia española sitúa a Rodríguez Zapatero en la cúspide de una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculado al rescate de la compañía. El empresario Julio Martínez está señalado como su testaferro y también como personaje fundamental para el tráfico de influencias negocios de petróleo, oro y níquel de Venezuela  y se le vincula con pagos realizados a la Agencia de Marketing propiedad de las hijas de Rodríguez Zapatero.

Una de las hipótesis centrales de la investigación es el posible blanqueo de fondos procedentes de Venezuela y para ello el rescate de Plus Ultra habría sido clave en la operación. No obstante, tampoco se descarta cuyo objetivo  sea utilizarlo para el narcotráfico dadas las últimas ofensivas del narco en las costas de Andalucía, todo es posible con este gobierno.