El Tribunal Supremo suspende en España la inscripción de los nacionalizados a través de la Ley de Nietos, también conocida como Ley de Memoria Democrática (LMD) en el Censo Electoral porque hay dudas si la nacionalidad obtenida con determinados supuestos de esa ley es legal o no lo es.
La Ley de Nietos recibe este nombre porque permite a todos aquellos que demuestren que fueron exiliados por la Guerra Civil o por la dictadura sean hijos o nietos, los mismos podrán acceder a la nacionalidad española.
Esta Ley fue modificada por el Gobierno de Sánchez. La hermana del Ministro Oscar Puentes dictó una INSTRUCCION en fecha 25/10/2022 sobre cómo aplicar esta medida en los registros consulares, que son los encargados de estos trámites. En este texto se señaló que "se presumía la condición de exiliado a todos los que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 con la condición de que acrediten esa salida del territorio español".
Es decir mediante esta instrucción ya no es necesaria la condición de exiliado para acceder a la nacionalidad española y tener derecho al voto sino que se considera suficiente haber salido del territorio español antes de 1955. Una instrucción no puede reescribir una ley. No obstante, Sofía Puentes modificó la ley sin que la misma pasara por el Parlamento, estableciendo un segundo supuesto en el Anexo 1 que permitía a muchos descendientes de españoles hijos y nietos acceder a la nacionalidad española sin la necesidad de acreditar ninguna circunstancia de exilio. En estos argumentos se apoyan los recursos contencioso administrativos que fueron presentados.
No se adoptó ninguna medida cautelar sobre aquellos casos en los que los extranjeros obtuvieron la nacionalidad española fuera de esos supuestos. La Ley de Nietos sigue en vigor pero el Tribunal Supremo entrará a valorar si las nacionalidades otorgadas a través de la Instrucción son legales o no. Mientras tanto habrá que esperar a que el Supremo dicte la correspondiente Sentencia.
HECHA LA LEY HECHA LA TRAMPA
Se sostiene que la estrategia de Pedro Sánchez fue concederles la nacionalidad española a 2.400.000 personas que viven en el extranjero, para que le pudiesen votar en las próximas elecciones españolas.
La Ley de Nietos modificada a escondidas sin pasar por el Parlamento persigue alterar el Censo electoral y con ello podría verse alterado el resultado de las elecciones. Para ser más específicos en la práctica y ver como repercute la ampliación de la ley tenemos que el municipio de Murtas situado en la provincia de Granada cuenta con 330 habitantes que residen en dicho municipio pero en el Censo figuran inscritos 1100 que son voto CERA(Censo Electoral de Residentes Ausentes). Hay países en que los votos CERA llegan por correo al Consulado, en el sobre junto con los papeles que se les exige, pero como documento solo deben adjuntar la fotocopia del Pasaporte, como no existen controles de fe de vida de estas personas, estas pueden estar vivas o no. Todos estos votos se envían a las distintas circunscripciones electorales de España.La Oficina del Censo Electoral es quien se debería encargar de investigar cualquier tipo de anomalía.
Asimismo, se está investigando el Censo de Madrid. Antes de que Sofía Puentes flexibilizara la Ley de Nietos había 58.419 votantes extranjeros, en 44 meses la cifra se incrementó en 127.860 votantes, es decir aumentó un 118%, el crecimiento del Censo exterior ha subido de 19,1% a 35,1% por lo que se estima una inyección masiva de votos de fuera de España.
El secretario general de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, Gabriel Araújo, ha realizado un exhaustivo trabajo en el que ha concluido que 164 municipios de España cuentan con, al menos la mitad de su censo con votantes del extranjero (CERA), es decir que igualan o superan a los residentes. Castilla y León es la más afectada, 78 pueblos tienen más inscritos fuera de España que residentes. El censo exterior no afecta a las elecciones municipales, porque se debe estar empadronado, pero sí tiene un peso clave en las elecciones generales y autonómicas. Es decir el destino de nuestro país podría decidirse a miles de kilómetros de distancia por personas que viven en países como Cuba, Venezuela y Argentina y que están ajenos a la realidad que viven los españoles.
A todo lo anterior hay que agregar que más de un centenar de municipios en España que no existían entre 1936 y 1955 han sumado 5.146 nuevas inscripciones en el CERA debido a la ley de nietos.
Según recoge El Debate, los municipios de Tres Cantos, El Ejido, Torremolinos o Salou, entre otros, suman cientos de descendientes de supuestos exiliados a pesar de ser localidades de reciente creación.
Nadie pudo haber salido de allí ni por motivos políticos ni económicos. Aunque hubiera alguna casa levantada en aquella época no había nadie censado según el INE.
La elección del municipio de inscripción es una las causas que llevó al Tribunal Supremo a paralizar parcialmente los efectos electorales de la ley de nietos.
Aquellos a los que se les concede la nacionalidad eligen el municipio y la provincia al iniciar el trámite, pero no se pueden inventar estos datos se deben elegir en función del arraigo de los ascendientes (el municipio originario de la familia) o un municipio de arraigo propio en el caso de que se haya residido algún tiempo en España.
ADULTERACIÓN DEL CENSO ELECTORAL
El gobierno pretende con estas medidas adulterar el censo electoral inscribiendo a una población para que pueda votar en las provincias en las que curiosamente se discuten los escaños en los últimos votos. Cabe recordar que en las elecciones generales del 23-J en 13 provincias el último escaño asignado se decidió por un margen menor a los 3000 votos de diferencia.
El sistema electoral español, basado en la Ley D'Hondt y el reparto provincial de escaños, provoca que en circunscripciones pequeñas y medianas las últimas actas de diputado resulten muy caras, quedando a menudo formaciones políticas sin representación por diferencias mínimas de voto.
En Madrid se repartieron 37 escaños, el último escaño asignado, que tras el recuento del voto exterior CERA paso del PSOE al PP fue por una diferencia minúscula.
Pudiera ser que este incidente fue el que motivó a Pedro Sánchez a diseñar la estrategia para ganar las próximas elecciones al darse cuenta de que el voto CERA define el resultado de las urnas.
A fecha de hoy no existe una fecha convocada para las próximas elecciones generales.
Si el gobierno mantiene lo dicho, las elecciones serán en 2027, no coincidirán con las municipales y autonómicas del 23 de mayo y deberán celebrarse como máximo, el 22 de agosto de ese año.
Las anteriores elecciones generales se celebraron el 23 de julio del 2023 y el mandato de diputados y senadores dura cuatro años. Si no hay disolución anticipada, las actuales Cámaras terminan su mandato el 23 de julio de 2027. Los 54 días establecidos por la Ley desembocan en el 22 de agosto y Pedro Sánchez no puede realizarlas ni en otoño ni tampoco en 2028 con esta legislatura.
Cabe esperar que al Presidente no se le ocurran más estrategias tramposas con miras de ganar las elecciones. Su primera estrategia: sustituir a la población española con inmigrantes, tan en serio se lo tomó que al día de hoy tenemos 15000 inmigrantes invasores que entraron por la frontera de Ceuta y aún no tenemos claro si se irán ellos de Ceuta o nosotros de España; segunda estrategia: alterar el censo electoral para ganar mediante los votos CERA.
No es un juego ser Presidente de un país como España tampoco se pueden hacer más trampas como si se estuviera jugando al Ajedrez , la sociedad civil no lo permitirá.
